UETR CUESTIONA LA LEGALIDAD FRANCESA DE SEÑALIZAR LOS ÁNGULOS MUERTOS

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  • La nueva regulación francesa que entró en vigor este mes de Enero obliga a colocar señales identificativas de ángulos muertos en todos los camiones y conjuntos de vehículos de más de 3.5 tns y autobuses que circulen por las carreteras francesas, sean tanto nacionales como extranjeros, lo que afecta a buena parte del millón y medio de camiones europeos que realizan transporte internacional, entre ellos, cien mil españoles.
  • La asociación europea de transportistas por carretera UETR, que preside FENADISMER, ha instado a la Comisión europea a suspender su aplicación por su dudosa legalidad y unilateralidad.

Como ya ha venido informando FENADISMER, este mes de Enero ha entrado en vigor la nueva obligación establecida en el Código de la Circulación francés, por la que todos los vehículos de transporte de mercancías y conjuntos de vehículos más de 3.5 toneladas, así como autobuses, que circulen por las carreteras francesas, deben estar equipados con una señalización de advertencia al resto de usuarios que indique la posición de sus ángulos muertos, debiendo ir situada tanto en los laterales del vehículo como en su parte trasera.

Sin embargo, dicha obligación se aplica a todos los vehículos de transporte que circulen por las carreteras francesas, incluidos todos los vehículos extranjeros no registrados en dicho país, lo que en la práctica afectará a buena parte del millón y medio de camiones que realizan transporte internacional en la Unión Europea, entre ellos cien mil camiones españoles, dado que por su posición geográfica Francia es país de tránsito o destino de gran parte de los servicios de transporte europeo de mercancías.

Ello ha motivado que la organización europea UETR (Asociación Europea de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Transporte por Carretera), que preside FENADISMER, se haya dirigido a la Comisión Europea rechazando dicha medida por considerarla unilateral y de dudosa legalidad.

La UETR comparte el objetivo prioritario de mejora de la seguridad vial, mediante el estricto cumplimiento de la legislación y las normas de tráfico, el aumento de la formación de nuestros conductores y transportistas, la gestión eficaz de riesgos y el apoyo a la implementación completa de nuevas tecnologías. Pero este objetivo debe ser compatible con la necesidad de que la legislación deba ser clara, basada en una evaluación de impacto adecuada y adecuada al propósito que respete los principios de una legislación adecuada, que en este ámbito debe ser uniforme, eficaz y coherente a nivel de la Unión Europea.

Por eso, una medida unilateral de un Estado miembro, como al aprobada por el Gobierno francés exigiendo la obligatoriedad de señalizar los ángulos muertos a todos los veh´ciulso de transporte que circulen por sus carreteras, a juicio de la UETR va en contra de la igualdad de condiciones y la armonización en el transporte por carretera a nivel europeo, ya que obliga a los transportistas a cumplir con las obligaciones de un solo país y ,además, puede causar confusión o malentendidos entre los encargados de hacer cumplir la ley en todos los demás Estados miembros de la UE que no están acostumbrados a las nuevas pegatinas que deben llevar ahora los vehículos.

Además la UETR recuerda que ya existe una legislación sólida de la UE que exige que los vehículos pesados ​​estén equipados con espejos de ángulo muerto, lo que brinda a los conductores un campo de visión más amplio que los espejos convencionales y, por lo tanto, protege a los motociclistas, ciclistas y peatones, por lo que  se plantean dudas sobre la eficacia real de dicha norma farncesa para garantizar la protección de los usuarios de carreteras más vulnerables.

La actual crisis derivada del covid- 19 nos ha enseñado una vez más que ni un enfoque nacional ni unilateral ofrece una solución viable y sostenible a los problemas. Al contrario, na acción coordinada y armonizada a nivel de la UE es el mejor camino a seguir para abordar los desafíos, por lo que UETR ha instado a la Comisión Europea que exija al Gobierno francés que corrija su legislación y / o suspenda su régimen sancionador.

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