La IRU rechaza firmemente la propuesta del Parlamento Europeo de la obligación de comprar camiones ​​con cero emisiones 

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En noviembre, el Parlamento Europeo incluyó una medida en el reglamento sobre emisiones de CO2 de los vehículos pesados ​​que obligaba a los transportistas a adquirir un número mínimo de camiones cero emisiones dentro de sus flotas. Aunque la medida aún debe ser aprobada por el Consejo de la UE, la Asociación Internacional de Transporte por Carretera se ha manifestado firmemente en contra de esta propuesta, instando a los países de la UE a rechazar los objetivos de compras obligatorios.

 

La IRU , la organización internacional del transporte por carretera, ha instado en una carta a los Estados miembros de la Unión Europea a rechazar firmemente la propuesta del Parlamento Europeo de imponer a los operadores de transporte la obligación de comprar vehículos pesados ​​con cero emisiones .

Se trata de una medida que el Parlamento incluyó el pasado mes de noviembre en el reglamento sobre emisiones de CO2 de los vehículos pesados , con el objetivo de incrementar la cuota de vehículos de cero emisiones dentro de las flotas de los grandes operadores. Medida que ahora tendrá que ser examinada por el Consejo de la UE para su posible aprobación.

Raluca Marian , Director de Defensa de la UE de la IRU, afirmó que «imponer obligaciones de compra obligatoria de vehículos de cero emisiones a los operadores privados estaría en conflicto con los derechos fundamentales 

garantizados por la Carta de la UE », porque no sólo violaría «el derecho llevar a cabo actividades comerciales, pero también podría conducir a distorsiones del mercado , ya que la versión del Parlamento establece que tales obligaciones se aplican sólo a los grandes operadores."

«Además – añadió Marian – actualmente existe una importante falta de infraestructura para los combustibles alternativos en toda la UE , y el Reglamento sobre infraestructuras para los combustibles alternativos sólo será aplicable a partir de este año». A esto se suma que «la compra de vehículos de cero emisiones debe estar respaldada por incentivos financieros para la adopción de nuevas tecnologías y por la creación de las condiciones propicias, incluida la infraestructura, para operar dichos vehículos. “Cualquier propuesta que obligue a los transportistas a comprar determinados tipos de vehículos debe rechazarse firmemente, ya que equivale a una economía controlada por el Estado”, concluyó Marian.

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