De chulería califica Froet la actuación de la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide.

De chulería como, como mínimo, es como se puede calificar la actuación de la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide de la Diputación Foral de Guipúzcoa, empecinada en imponer a los vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas un peaje en diferentes tramos de la carretera nacional N-I y la autopista A-15 entre Echegárate e Irún a través de una norma foral de diciembre de 2016.

A pesar de que el sector del transporte trató de negociar, sin éxito alguno, tal medida, a la que se había opuesto, desde el principio por considerarla injusta y discriminatoria y el empecinamiento de la señora Oiarbide de seguir adelante, el Comité Nacional de Transportes decidió acudir a los tribunales el 12 de enero de 2017 en su defensa.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 13 de abril de 2018 dictó sentencia a favor del sector, condenando en costas a Las Juntas Generales y a la Diputación Foral de Guipúzcoa, no obstante lo cual, en lugar de suspender cautelarmente la aplicación de peajes, se siguieron cobrando y la sentencia fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Guipúzcoa.

El 18 de febrero pasado, el Tribunal Supremo, desestimó el recurso confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que daba la razón a los transportistas.

Pues bien, a pesar de todo, los peajes se siguen cobrando y hace unos días que la señora Oiarbide, en rueda de prensa ha afirmado que “ninguna sentencia cuestiona nuestra capacidad para poner peaje en nuestras carreteras, por lo tanto, está fuera de toda duda el derecho de Guipúzcoa a cumplir el mandato democrático de sus Juntas Generales”. A ello ha añadido que “el peaje se pone a los camiones, no a los camioneros” lo que, a ojos del sector, se califica como una forma de expresión peyorativa.

Esta actitud cabezona y chulesca, además, puede constituir un claro delito de prevaricación y el sector no se va a quedar impasible y adoptará las medidas que considere oportunas.

Al final, como ocurrió con el céntimo sanitario, la Diputación Foral de Guipúzcoa se verá obligada a devolver las cantidades indebidamente cobradas, a lo que ha respondido la, cada vez menos, señora Oiarbide, que se mirará una a una cada reclamación, dando a entender que esto irá para rato y que tratará de poner los mayores obstáculos para hacer desistir a los transportistas de ejercer sus legítimos derechos.

En fin, esta es la clase política que nos gobierna y con la que hemos de torear. La que cree que el dinero nace en los árboles y que cuando les hace falta, en lugar de tratar de administrar como un ordenado comerciante los bienes que son de todos, eliminando gastos superfluos en primer lugar, lo que hace es meter la mano en el bolsillo del ciudadano, en este caso de los transportistas, que es más fácil, para que ellos puedan seguir con sus chiringuitos y prebendas.