No hay suficientes tacógrafos para satisfacer la demanda

Estamos ya cerca de la fecha del 21 de agosto de 2023, día a partir del cual todos los vehículos industriales con una masa total superior a 3,5 toneladas matriculados en la Unión Europea deberán equipar el tacógrafo "inteligente" (también llamado "smart") de segunda generación. Sin embargo, como los fabricantes de vehículos vienen advirtiendo desde hace tiempo, no hay suficientes dispositivos para satisfacer la demanda, por lo que en la actualidad las matriculaciones se ralentizarán. Se estima que en España este retraso afectará a siete mil vehículos, pero el problema también afecta a otros países europeos.

Los fabricantes han pedido un aplazamiento de la fecha límite del 21 de agosto , pero la instalación del nuevo tacógrafo viene impuesta por un Reglamento comunitario, que no puede ser derogado por las normas nacionales y hasta el momento no han llegado señales de cambio desde Bruselas. ¿Qué pasará entonces a partir del 21 de agosto? Por lo que respecta a Italia, el 9 de agosto el Ministerio del Interior emitió una circular en la que hace balance de la situación.

El ministerio consultó al órgano de la Comisión Europea que sigue el transporte por carretera, la Dirección General DG-Move. La circular señala que esta última ha sugerido a los Estados un “régimen transitorio de tolerancia” , al menos hasta el 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, tanto la circular como la respuesta de la DG-Move carecen de valor jurídico, por lo que las sanciones entrarán en vigor el 21 de septiembre. Agosto y dependerá de los Estados individuales, si no incluso de los controladores individuales.

Además, ¿qué ocurrirá con un vehículo industrial que en todo caso montará un tacógrafo de generación anterior a partir del 21 de agosto y será sometido a revisión en los meses o años siguientes, cuando la tolerancia ya no estará en vigor? ¿O si viajará a un país no tolerante? Está claro que esto no puede ser una solución , por lo que los fabricantes y transportistas todavía tienen que esperar una disposición oficial de la Comisión Europea, que sería entonces un aplazamiento de la fecha límite del 21 de agosto.