El Gobierno vuelve a la carga con el pago por uso de las autovías tras la liberación de las autopistas

La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, retomará en el inicio del curso político el debate sobre el plan remitido por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera para el cobro por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas, a partir de 2024. Se trata de articular un modelo de pago por uso que encuentre el máximo consenso posible entre las fuerzas políticas, las administraciones y los agentes sociales para dar una solución al creciente déficit de conservación y mantenimiento de la extensa red de carreteras del Estado y, en particular, de las vías de alta capacidad (autopistas y autovías).

El plan, desvelado el pasado mayo, levantó las iras de varios presidentes de comunidades autónomas, de la oposición política en pleno y hasta de Podemos, socio de Gobierno del PSOE. Estas resistencias forzaron al anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a dar marcha atrás y restar importancia al documento, asegurando que no se implantaría ese modelo de pago ante la ausencia de consenso. El calendario remitido a Bruselas preveía que el texto se elevara en el primer semestre de 2021 al Consejo de Ministros para una primera lectura, una previsión finalmente abortada por la polémica, informaron fuentes conocedoras de la negociación.

Para acallar la discusión, Ábalos supeditó cualquier proyecto de pago por uso de las carreteras estatales a tres condiciones: consenso político mayoritario, acuerdo con el sector del transporte por ser el más afectado e implantación nunca antes de 2024 para no frenar la recuperación económica.

Ahora, con las aguas más calmadas, la nueva ministra quiere reabrir el debate corresponsabilizando al mayor número de fuerzas políticas en el mismo y, de paso, lanzar un mensaje a Bruselas de control de gasto público, en un momento especialmente delicado con la deuda creciendo en niveles récord mes a mes y con un déficit desbocado. Uno de los argumentos de Raquel Sánchez para volver a la carga con esta propuesta tan impopular es que el porcentaje de pago de la red de alta capacidad en España (15%) es muy inferior al de la media europea. La otra justificación es la medioambiental ya que, según el Ejecutivo, el transporte por carretera es responsable de alrededor de la tercera parte de la emisión de gases con efecto invernadero por lo que se debe aplicar el criterio de “quien contamina paga”. Por último, también se quiere hacer ver a la ciudadanía que el actual modelo crea desequilibrios territoriales puesto que el peaje está más implantado en en unas comunidades autónomas frente a otras, una reivindicación que comparte el Gobierno nacionalista de la Generalitat de Cataluña.

En el Ministerio de Transportes, insisten en que tratan de buscar un “modelo justo, equilibrado y sostenible”, pero que “no hay ninguna propuesta concreta aún”, informaron a este diario fuentes del departamento.

Fin de los peajes en la AP-2 y AP-7

La reapertura de este debate coincide paradójicamente con el fin del peaje en varios tramos de las autopistas de pago AP-2 y AP-7 cuya concesión vence este miércoles, 1 de septiembre, en cumplimiento de la promesa hecha por el Gobierno de Pedro Sánchez al inicio de su mandato en 2018 de que liberaría todos los tramos de pago al vencimiento de su concesión. Precisamente, la gratuidad de esos tramos agrava el déficit en conservación, puesto que será el Estado el que se haga cargo del coste del mantenimiento de los tramos liberados que hasta ahora se costeaban con peajes y asumían las empresas concesionarias. Se estima que hay un déficit acumulado en el mantenimiento de las carreteras estatales cercano a los 8.000 millones de euros, que no se compensan con la cantidad anual que dedican los Presupuestos Generales del Estado (1.200 millones en 2021). Siga el resto de la noticia en Elpais.com