Cartel de camiones: "cientos de miles de camiones se acercan al plazo de prescripción".

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Las reclamaciones por daños y perjuicios ya están pendientes en los tribunales por alrededor de un millón de camiones. Sin embargo, cuatro meses antes de la prescripción, una gran parte del sector de las pymes aún no ha reclamado. Si aún desea registrar reclamaciones, debe darse prisa ahora.

 

Según las conclusiones de la Comisión de la UE, los fabricantes de camiones formaron un cartel entre 1997 y 2011, que aparentemente condujo a acuerdos sobre precios y a la introducción de los estándares de emisiones Euro III a VI. (Imagen: Pixabay)

 

En 2016 y 2017, la Comisión de la UE allanó el camino para las reclamaciones por daños y perjuicios contra los principales fabricantes de camiones con multas récord de 3.800 millones de euros . Después de una investigación, la autoridad llegó a la conclusión de que MAN, Volvo / Renault, Daimler, Iveco y DAF habían violado las regulaciones antimonopolio de la UE. Durante 14 años negociaron los precios de venta de los camiones y así pasaron los costos asociados con el cumplimiento de las regulaciones de emisiones más estrictas a los compradores de manera coordinada.

Esta sentencia es ahora la base de las reclamaciones de las empresas por daños y perjuicios contra los fabricantes de camiones. Actualmente hay alrededor de 30.000 empresas en la UE que están demandando. Representan poco menos de un millón de camiones, como se desprende del relato del caso “El cartel de camiones cuatro meses antes de la prescripción”, que acaba de publicar Unilegion y que analiza el estado de los juicios. Según el estudio, la mayoría de las empresas en muchos estados miembros aún no se han activado. La fundación, que se creó específicamente para hacer valer las reclamaciones por daños y perjuicios de los compradores de camiones, calcula que todavía hay alrededor de 2,6 millones de camiones que se compraron durante el período del cartel, pero por los que aún no se han presentado reclamaciones.

Al mismo tiempo, el grado de madurez de la primera ola de juicios había avanzado en muchos estados miembros de la UE, por lo que se habían emitido un gran número de sentencias. Según el estudio, el resultado fue positivo para los demandantes en la gran mayoría de los casos. Se puede leer que, en la medida en que ya se hayan concedido importes de indemnización, el orden de magnitud es de hasta 10.000 euros por camión.

Es la primera vez que un número tan grande de empresas agraviadas demandan por daños y perjuicios debido a una infracción antimonopolio. Las sumas exigidas por daños son considerables y ascienden a varios miles de millones de euros en total. En los últimos años, también a instancias de la Comisión de la UE, se han mejorado significativamente los requisitos legales para hacer cumplir las reclamaciones por daños y perjuicios en virtud de la ley de cárteles. Como continúa diciendo el estudio, en muchos estados miembros de la UE se ha desarrollado una práctica de toma de decisiones amigable para los demandantes.

Para su estudio de mercado, la Unilegion Truck Claims Foundation encuestó a casi 3.500 empresas de transporte e industriales de los cuatro países de la UE, Alemania, Austria, Francia e Italia sobre el cartel de camiones con el fin de crear una imagen del estado de ánimo. Los resultados muestran que las grandes empresas con más de 500 empleados suelen estar bien informadas y emprenden acciones contra el cartel de camiones, ya sea de forma independiente o en acciones colectivas. Es diferente para las pequeñas y medianas empresas (PYME).

 

Las empresas han sido especialmente activas aquí cuando han sido informadas sobre las posibilidades de participar en acciones colectivas, por ejemplo, a través de la prensa especializada o el trabajo de asociación.

 

La gran mayoría de la clase media, no cercana a las asociaciones y no ha seguido activamente la prensa comercial, hasta ahora se ha quedado fuera. Sin embargo, las empresas todavía tienen cuatro meses antes de que el plazo de prescripción para todas las reclamaciones en muchos estados miembros de la UE amenace con expirar en julio de 2021.

 

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