El bloqueo de 30 camiones por una protesta en un centro logístico en Padua, provoca que se pidan regulaciones

 

La patronal del transporte por carretera pide una ley para garantizar el derecho al trabajo de los transportistas que, debido a las protestas improvisadas en los centros logísticos, se encuentran bloqueados con daños económicos y riesgos para la seguridad de los trabajadores. Hoy el bloqueo de un almacén en la zona de Padua provocó la parada de 30 vehículos y el atasco de otros 120 vehículos en la zona industrial.

 

 

Ante un nuevo bloqueo de un almacén logístico ocurrido hoy en la zona de Padua por parte de un sindicato independiente, la Fiap pide una intervención regulatoria para proteger a las empresas de transporte y a los conductores. 

Un pequeño grupo de unos 25 trabajadores se sumó a un paro organizado -según consta en una nota difundida por la asociación que lidera Alessandro Perón- de manera tal que impidió el acceso y funcionamiento del lugar. El almacén, que emplea a más de 350 personas y gestiona diariamente el flujo de unos 150 conductores, quedó paralizado a partir de las 4.30 de la madrugada.

El bloqueo provocó que  más de 30 vehículos quedaran detenidos en el interior del recinto, mientras otros 120 vehículos permanecieron atascados en el tráfico del polígono industrial ,  sin acceso a servicios esenciales . Los 320 empleados presentes en el lugar no pudieron continuar con sus actividades, con evidentes repercusiones en la productividad y la seguridad del área. 

 

 

La seguridad en riesgo

“Además del daño económico, estas situaciones generan riesgos reales para la seguridad de los trabajadores, especialmente de los camioneros”, enfatiza Peron. Los conductores varados se ven obligados a reorganizar sus turnos de acuerdo con la normativa sobre tiempos de conducción y descanso, con el riesgo de tener que prolongar sus viajes y ausentarse de casa durante días. Además, las situaciones de exasperación podrían provocar tensiones y accidentes, como ya ha ocurrido en episodios similares.

 

 

Respetando las reglas

FIAP destaca cómo la repetición de estas acciones pone en riesgo la continuidad del negocio. Si no se encuentran soluciones adecuadas  para garantizar el cumplimiento de las normas, el riesgo real es el cierre de empresas con la pérdida de cientos de empleos directos y de las industrias relacionadas con el transporte de mercancías .

«La libertad de huelga es un derecho fundamental y debe protegerse —continúa Peron—, pero no puede transformarse en una herramienta de chantaje que penalice a empresas y trabajadores. Es urgente una intervención regulatoria para garantizar un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho de los demás a trabajar, sin sufrir bloqueos ilegítimos que comprometan la actividad productiva y la seguridad».