Las empresas afrontan hasta 6.250 euros de multa si en una semana no hay control horario

Fade denuncia la incertidumbre de la nueva normativa, sobre todo para los empleados que realizan sus tareas fuera del centro de trabajo

 

No hace falta una máquina de fichar, de hecho puede ser incluso una libreta en la que se anoten las horas de entrada y salida, pero, se instale un método más tecnológico o se utilice uno más tradicional, en una semana todas las empresas y autónomos con empleados a su cargo tendrán que tener un control horario de estos. Aquellas que no lo hagan se arriesgan a multas que van desde los 626 euros a los 6.250, según el número de trabajadores o el volumen de negocio de la empresa.

Son las que establece la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para incumplimientos graves de las normas en materia de jornada laboral y no contar con ese registro horario será considerado como tal.

 

Esta medida fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo, en concreto en el Real Decreto Ley 8/2019, en el que se establecía la necesidad de fijar la hora de entrada y salida de las empresas, una normativa que, sin embargo, no queda desarrollada en el texto y da pie a muchas dudas por parte de las compañías, sobre todo, aquellas en las que buena parte del trabajo se realiza fuera de las instalaciones, como es el caso de comerciales, empleados que viajan con frecuencia, que efectúan parte del trabajo en distintas sedes o aquellos que tienen la opción del teletrabajo.

El decreto simplemente recoge que esta medida la «deberá garantizar» cada empresa, «incluyendo el horario concreto de inicio y finalización» para cada uno de sus trabajadores, y todo ello, «sin perjuicio de la flexibilidad horaria» ya prevista en la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Solo siete días antes de que entre en vigor la nueva normativa, hay empresas para las que la medida genera grandes problemas, sobre todo, en dos casos, denuncia el asesor jurídico de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Ignacio García: las microempresas, en las que hay un titular y uno o dos trabajadores y, muchas veces, los tres están en movimiento y ninguno empieza o acaba la jornada laboral en la sede de la compañía; y sociedades, incluso grandes, en las que cuentan con personal «muy itinerante». «Hay muchas dudas», reconoce García, «a la hora de establecer un método que pueda ser adecuado» y que este sea válido y tenga los mismos criterios que utilice después la Inspección de Trabajo.

Las posibilidades para controlar los horarios son variadas, desde hojas de firmas a sistemas para fichar con tarjetas u otros soportes, pasando por dispositivos biométricos, en los que se utilice la huella dactilar o el reconocimiento facial, y hasta aplicaciones móviles. Incluso cabría la posibilidad de usar elementos de geolocalización para esos trabajadores itinerantes, aunque no se disipan las dudas de los empresarios, por ejemplo, sobre cuándo contabilizar el inicio y la finalización de la jornada laboral en un viaje de trabajo.

El decreto ley contempla supuestos especiales «para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran», como podría ser el caso de esos empleados que están mucho tiempo fuera del teórico centro de trabajo, pero no se concretan ni explican. «Tendrían que haber previsto el desarrollo normativo antes de imponer la norma», lamenta García.

Además, los responsables de compañías asturianas cuestionan la idoneidad de ese tipo de control para el objetivo que busca, que es acabar con el trabajo extra que no se paga, lo que supone un fraude para las arcas públicas, ya que no se cotiza por él a la Seguridad Social ni se declara a Hacienda, y para los empleados, que hacen jornadas laborales mayores de lo estipulado. Los responsables de empresas lamentan que esta medida implique un mayor papeleo y trámites que, sin embargo, no impedirán que aquellos que quieran falsear los datos puedan hacerlo, por ejemplo, anotando jornadas más cortas que las reales. «Es un elemento burocrático de primer orden, pero de efectividad discutible», insiste García, que además recuerda que «hay mucha incertidumbre sobre la aplicación masiva de esta medida».

El problema en una comunidad como Asturias es aún mayor que en otras, dado su tejido económico, basado en la pequeña empresa. Con algo más de 68.000 compañías, la mitad no cuenta con empleados, por lo que no tendrían este problema, pero hay unas 28.000 micropymes y todo apunta a que tendrán más dificultades a la hora de realizar el control horario.

Pese a esta situación, dentro de una semana, con incertidumbres o sin ellas, la Inspección de Trabajo podrá empezar a sancionar a todas aquellas empresas que tengan a algún contratado y no mantengan un control horario que, además, deberá quedar registrado y conservarse durante cuatro años. Quedan exentos, para tranquilidad de muchos particulares, los trabajadores del servicio domestico, considerado una relación laboral de carácter especial.

 

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HI

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