Las carreteras y autopistas serán de pago a partir de 2024

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Según informa El Confidencial, el ministerio ha contratado a la empresa de ingeniería Ineco para elaborar una serie de trabajos de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras. Y esta, a su vez, ha contratado los servicios externos de KPMG Abogados.

El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Ineco ya ha contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.

El pasado mes de junio, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, descartó iniciar el debate correspondiente con el sector para comenzar a diseñar este plan, con el objetivo de dar prioridad a la situación económica, lastrada tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania.

No obstante, volvió a confirmar que se aplicará esta medida y avanzó que ya se estaba realizando un estudio previo. De hecho, al margen del debate que se debe abrir con el sector para consensuar el mejor sistema posible, los planes para implantar el pago por uso en las carreteras siguió adelante.

De esta forma, el 10 de junio se formalizó el contrato interno entre la Dirección General de Carreteras e Ineco, y el pasado 10 de agosto esta empresa adjudicó los servicios de consultoría a KPMG. Todos los documentos apuntan al año 2024 como el año a partir del cual se implantarían los peajes, si esta medida sale adelante.

En línea con la UE

La filosofía del nuevo sistema de financiación de la red de carreteras del Estado es que pague más quien más usa la red viaria y quien más contamina, por lo que los informes dispondrán también de un análisis del impuesto especial a los hidrocarburos.

Ineco, consultoría perteneciente al Ministerio de Transportes, sostiene que la tarificación de las carreteras del estado «está contemplada como reforma desarrollar en las componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) relacionadas con la movilidad sostenible y la fiscalidad verde».

Añaden que el plan responde «a las recomendaciones específicas hechas a España en el marco del Semestre Europeo 2019-2020» y el alineamiento también es pleno con las agendas estratégicas de la Unión Europea para la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio de cobro al usuario «pagador» y también del principio de «quien contamina paga».

Evitar demandas por problemas fiscales o tributarios

Antes de tomar decisiones, el estudio jurídico del Gobierno busca que los expertos saquen conclusiones de posibles impactos, como la evasión o el fraude en los sistemas de tarificación de carreteras, además de evitar posibles demandas posteriores por problemas de índole fiscal o tributaria.

«Se profundizará en el análisis de las distintas implicaciones legales que puede provocar la implementación de las distintas propuestas, en términos de derecho nacional y de derecho comunitario, para garantizar su viabilidad. Entre los aspectos que deberán tenerse en consideración, destacan como principales la problemática de la doble imposición, los cambios en la normativa fiscal que eventualmente habría que llevar a cabo y el carácter finalista de los tributos», detalla Ineco.

Por otro lado, el estudio también quiere dar a conocer «las implicaciones que podría tener la posible extensión del nuevo modelo de gestión y financiación a otras redes viales gestionadas por distintas administraciones públicas a la AGE (tales como comunidades autónomas, provincias y municipios)».

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