La ‘anticompetencia’ de las ITV en España

 

El entramado de las estaciones de ITV en España, con más de 450 centros, es un ejemplo de falta de libre competencia en beneficio del usuario final, como sí existe en otros ámbitos

El entramado de las estaciones de ITV en España, con más de 450 centros, es un ejemplo de falta de libre competencia en beneficio del usuario final, como sí existe en otros ámbitos. Un ciudadano puede acudir a cualquier taller de reparación, ya sea oficial de una marca o a uno independiente, pero en cuanto a la ITV solo puede ir a unas empresas concesionarias establecidas por cada comunidad autónoma, en número muy limitado, y que no garantizan la transparencia de mercado.

La única garantía de que los vehículos que circulan por las carreteras y calles de nuestras ciudades cumplen con un mínimo de condiciones para ser seguros es que periódicamente pasen la revisión de ITV. Es frecuente que en estas estaciones de ITV se detecten fallos de suspensiones o de frenos que pueden acarrear graves peligros y que no serían detectados de otra forma.

Foto: La 'anticompetencia' de las ITV en España

Son, por ello, la única forma de mantener los coches en buen estado, y más aún en el caso de España en el que la edad media del parque automovilístico supera los 11 años de edad, muy por encima de los ocho años de media en la Unión Europea. Pero la Inspección Técnica de Vehículos, obligatoria en toda la Unión Europea, tiene en España una muy mala imagen.

Por un lado porque muchos automovilistas lo consideran como una forma de cobrar una tasa más a los propietarios de vehículos, pero sobre todo porque con la trama de estaciones de ITV destapada en Cataluña y otros casos similares en el resto de España se ha comprobado que el sistema de concesión administrativa para las estaciones de ITV que ha funcionado hasta ahora es muy poco eficiente.

La solución pasa por liberalizar el sector para permitir que las grandes empresas especializadas en el montaje y explotación de estas estaciones, entren de lleno en la gestión de las mismas y que con ello se gane en profesionalidad y se reduzca el precio. De hecho, la Unión Europa tiene en vigor una completa normativa sobre este sector económico, que en España aún no se aplica.

 La Inspección Técnica de Vehículos es, algo parecido a lo que ocurre con las revisiones de las calderas de las casas o con los análisis de sangre que cada año se hace la mayor parte de las personas. Aunque algo funcione más o menos bien, con estas pruebas rutinarias se pueden detectar fallos que luego serían un problema mucho más grave.

Y por ello se debe entender la ITV como, una forma de seguridad, una manera de detectar fallos y no la de aplicar una nueva tasa al ciudadano. Sobre todo porque las tasas oficiales para una revisión de ITV no llegan a los cinco euros. Y de ahí hasta los 30 euros de la ITV más barata o hasta los 60 euros que llega a costar en la más cara, son los costes de la empresa de la ITV y de su beneficio.

Una estación de ITV es una instalación muy profesionalizada que requiere una elevada inversión económica y que debe ser gestionada por profesionales expertos. Para montar una estación de ITV se debe contar con un terreno y un capital de unos 2,5 millones de euros para realizar la obra e instalar todo el material necesario.

En la Unión Europea este importante sector está liberalizado y funciona en base a la competencia del mercado. Frente a una estación de ITV puede llegar un competidor y poner otra estación, y entonces será el que haga mejor el trabajo, el que ponga precios más baratos o el que proporcione una mejor atención al cliente el que gane la batalla.

Sin embargo en España la cosa es diferente. De todas las comunidades autónomas existentes solo en dos de ellas se ha liberalizado siguiendo las exigencias de la UE. Estas dos son las de Canarias y la Comunidad de Madrid. Gracias a esta liberalización parcial, Madrid pasó de 17 a 65 estaciones de ITV. Y en estas estaciones el pasado año se hicieron 1,8 millones de revisiones.

 En el resto de España siguen como el primer día, con unas empresas concesionarias dadas casi de por vida a unas empresas. Y de ahí el caso de Cataluña, con la trama de las ITV supuestamente gestionada por la familia Pujol y que hoy en día sigue en proceso judicial.

Pero no es la única región polémica. En Andalucía, todas las ITV de la comunidad pertenecen a una empresa propiedad de la Junta de Andalucía. En el caso de Extremadura hay 15 ITV públicas y otras 10 privadas, mientras que en Galicia es una sola empresa la que tiene todas las concesiones de ITV. En Castilla y León, las concesiones llegan hasta el año 2029 y en el caso del País Vasco, si ahora se renuevan las concesiones, será previsiblemente por otros 50 años.

Hace un par de semanas El Confidencial levantaba una nueva polémica al decidir la Junta de Castilla y León reducir por decreto el precio de la revisión de ITV en su territorio porque al analizar los precios de la ITV en toda España siempre las más caras eran las de dicha región.

Informe de la CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, encargada de velar por la competencia en España en todos los ámbitos, ha elaborado un informe en el que apuesta por que el mercado de la ITV debería liberalizarse en busca de beneficios para los consumidores.

Según este informe, la principal evidencia que cabe extraer del análisis económico de este sector es que la introducción de mayor competencia, básicamente permitir una entrada libre y no contingentada al mercado al pasar de un sistema de concesión administrativa a otro de autorización, ofrece importantes beneficios al consumidor. Además, demuestra que, especialmente en zonas densamente pobladas, existe un importante margen para lograr mayor eficiencia productiva, con una mayor oferta que facilite al consumidor realizar la inspección.

En cuanto a recomendaciones a las administraciones competentes, la CNMC destaca las siguientes:
En el marco estatal debería seguir relajando los requisitos no proporcionales para permitir un marco de prestación del servicio más flexible, en línea con algunos países de nuestro entorno, lo que ayudaría a una mayor extensión geográfica de la oferta y facilitaría una mejor prestación del mismo en zonas menos densamente pobladas.

En el marco autonómico debería progresar hacia esquemas que promuevan la entrada de nuevos operadores y mayores niveles de competencia. En términos generales las autoridades competentes deberían abandonar la concesión administrativa que absorbe importantes recursos de búsqueda y gestión de rentas y que se ha demostrado ineficiente.

Lo más curioso del caso de las ITV en España es que ni siquiera en las comunidades en las que se ha liberalizado el sector, Canarias y Madrid, una empresa como Dekra, líder a nivel europeo en cuanto a inspecciones de ITV, puede operar.

Y es que en el proyecto de liberalización se incluyen 5 incompatibilidades que no permiten a algunas empresas abrir una estación de ITV. En concreto, son empresas en las que un socio de la misma participa en una empresa de transporte, de comercio o concesionario de automóviles, gestoría, compañía de seguro de automoción y finalmente peritos de seguro.

Sin embargo en Alemania hasta los concesionarios pueden ofrecer los servicios ITV, poniendo a disposición unas instalaciones adecuadas y verificadas para tal efecto para que un perito externo e independiente realice dicha inspección.

En el caso de Dekra, que tiene cientos de estaciones de ITV repartidas por toda Europa, no puede funcionar en España porque una parte del trabajo que hace la compañía alemana es la peritación de siniestros, fundamentalmente dentro de su negocio de gestión de vehículos de ocasión, tanto para los fabricantes de automóviles como para compañías de renting a largo y corto plazo. Y esto la hace susceptible de incompatibilidad en la ley actualmente vigente.

Según la Country Manager de DEKRA, Yvonne Rauh “existe una desacertada redacción e interpretación del artículo 4 del Real Decreto de 2008 donde se recogen una serie de incompatibilidades en las que Dekra no incurre pues nuestro papel en las ITV será la de certificadores pero nunca la de peritos de seguros de manera directa o indirecta. Además, con una certificación ISO y con ENAC vigilante, debería ser suficiente para permitir la entrada de otras empresas y garantizar un mercado transparente”.

Dekra tiene en la actualidad cuatro estaciones perfectamente preparadas en Madrid para poder funcionar. Pero la realidad es que las cuatro están aún sin estrenar a la espera de que el Gobierno y las comunidades autónomas apliquen en España la normativa europea, eliminando dichas incompatibilidades. Pese a que en Europa ya se ha apostado por la liberalización de estos servicios, la normativa todavía no se aplica en España; aunque se da la paradoja de que sí permite a otros operadores, competidores de Dekra y presentes en España antes de 2008, operar estaciones de ITV, pero no a empresas que han querido invertir después de esa fecha.

La situación actual es que el proceso ha salido de Bruselas, está ahora mismo en Industria y se está a la espera del informe del Consejo de Estado. Según Rauh, “realmente, somos optimistas. Esperamos tener buenas noticias pronto; sería una lástima que una multinacional que quiere y apuesta por España aborte sus inversiones por una legislación anticompetencia. Estamos hablando de invertir y mucho en España para crear una red completa de estaciones, generando riqueza, empleo y beneficios para el consumidor final”.

Fuente: Elconfidencial.com

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