El Gobierno estudia cobrar por el uso de la AP-7 cuando termine la concesión

El Gobierno estudia cobrar por el uso de la AP-7 cuando termine la concesión

El debate se produce cuando falta menos de un año del fin del contrato de la autopista a su paso por las comarcas de Girona

El Gobierno abordará de forma «sosegada» el pago por el uso de «costosas» autopistas y autovías con las diferentes formaciones políticas ya que considera que «lo lógico es que los usuarios contribuyan a su mantenimiento», como en el caso de otras infraestructuras de transporte como los puertos, aeropuertos o ferrocarriles. El debate se produce justo cuando falta menos de un año (31 de agosto de 2021) para que finalice la concesión de la AP-7 a su paso por las comarcas de Girona y en pleno debate sobre cómo se deberá financiar la infraestructura, una vez la gestión haya pasado a manos del Gobierno.

Así lo señaló el jueves el director de Departamento de Asuntos Económicos en el Gabinete de Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha, durante su participación en el I Simposio del Observatorio de la Movilidad, organizado por El Español y Invertia, donde adelantó que el ejecutivo pondrá encima de la mesa el pago para la sostenibilidad de todas las redes de alta capacidad del Estado, sobre todo de redes viarias de automóviles y carreteras.

De la Rocha indicó que Bruselas lleva «mucho tiempo» incidiendo en que se trata de un tema importante a tratar y «hay voluntad de Gobierno» de abordarlo de forma «serena y sosegada» porque «todo el mundo entienda que las vías de alta ocupación y capacidad tienen un coste y mantenimiento importante ».

Contribuir a sostenerlas

«Lo lógico es que los usuarios contribuyan a su sostenimiento», enfatizó De la Rocha, aludiendo a lo que sucede en el caso del mantenimiento de infraestructuras de transporte como los puertos, aeropuertos y ferrocarriles, a diferencia de las autopistas y autovías.

Por ello, cree que es «bueno» abordarlo y hacer entender que el pago por el uso es «más progresista y justo», matizando que puede haber «remedios» para evitar que la carga de este pago recaiga de manera «desproporcionada» sobre los colectivos más vulnerables. De este modo, aludió el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, respecto a que este proceso se abordará de manera «sosegada y serena» con las diferentes fuerzas políticas para llegar a una solución que dé respuesta a el mantenimiento de estas «costosas» vías.

Prohibición de coches de combustión

Del mismo modo, De la Rocha indicó que el Gobierno sigue «comprometido» con la decisión de prohibir a medio plazo los coches de combustión, en línea con otros países como el Reino Unido, que fijó para la próxima década la prohibición de este tipo de vehículos, si bien de la Rocha no mencionó ninguna fecha.

En este contexto, abogó por «anticiparse» antes de que se produzca este fin y conseguir que España tenga un posicionamiento en el mercado de los coches limpios, eléctricos y de hidrógeno, por lo que el Plan de Recuperación incluye planes «muy ambiciosos »de despliegue de puntos de recarga, apoyo a baterías, a la cadena de valor, incluida la explotación de litio o el apoyo a la industria de componentes con I + d para« tomar rápido el tren de la fabricación de coches limpios » .

«Tenemos la industria, los fondos, el tejido productivo y hay voluntad política», enfatizó, tras remarcar la importancia del desarrollo de la movilidad sostenible en España y el «desafío» de la descarbonización. Recordó que España tiene una industria automovilística «muy importante» que representa el 12% del PIB con industria de componentes y siete grandes empresas fabricantes, además de una cantidad «enorme» de pymes e industria de componentes.

 

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