El gobierno de España pone en peligro a los conductores profesionales y aumenta nuestra deuda con Europa

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La NP está relacionada con los perjuicios que está creando la demora de la transposición de la Directiva 2018/645, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo.

El retraso afecta a todos los ordenes relacionados con el sector del Transporte pero en especial a los conductores profesionales.

En el plano económico puede suponer además, para las arcas del Estado, más de 2 millones de € en sanciones por infringir los tiempos máximos de la aplicación de la citada Directiva.

Nuestra principal preocupación, coincidente con las principales empresas y asociaciones del sector, es que el retraso legislativo siga obligando a los conductores profesionales a exponerse a un riesgo, innecesario y evitable, por verse obligados a asistir a clases presenciales, a pesar de la amenaza por la COVID-19, obviando la norma europea que propone la teleformación como modalidad complementaria a la realización de los cursos de formación CAP, obligatorios para el desempeño profesional de nuestros transportistas y como requisito necesario para acceder a la profesión.

 

La pereza de la actividad legisladora de España, a la hora de trasladar las Directivas Europeas a nuestro ordenamiento jurídico, sigue impidiendo que los ciudadanos y las empresas aprovechen las ventajas que este otorga. Estos retrasos en las transposiciones de las normas legales siguen provocando incertidumbre en cuanto a qué normas se aplican, comprometiendo nuestra credibilidad política y generando cuantiosas multas por las sanciones que la Unión Europea nos impone por nuestra demora. Los últimos informes constatan que España tarda de media 12 meses más que el resto de países la UE y recibe el 70% de las sanciones por estos retrasos.

 

La Directiva 2018/645, del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, por la que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, tenía de plazo de transposición el 23 de mayo de 2020 y España lleva ya casi 8 meses de retraso en  su publicación, concretamente 235 días, o lo que es lo mismo más de 2 millones de € acumulados de infracción.

La importancia de la citada Directiva estriba en que supondrá actualizar, revisar, mejorar y modernizar la formación que reciben nuestros conductores profesionales en los cursos CAP con la finalidad de:
1) Reforzar los temas de seguridad vial, conducción eficiente desde el punto de vista del consumo de
carburante, condiciones meteorológicas extremas y operaciones especiales de transporte.
2) Introducir la formación e-learning o teleformación, favoreciendo instrumentos basados en las
tecnologías de la información y la comunicación.
3) Incorporar itinerarios formativos flexibles con una parte común de materias y otra parte
seleccionada por el propio transportista.
4) Tener en cuenta, a efectos de la formación CAP, y con el beneficio de reducir la carga horaria de los cursos, otras formaciones, como por ejemplo: mercancías peligrosas, transporte de animales y
sensibilización sobre la atención a la discapacidad.
5) Referir en los cursos los sistemas de transporte inteligente y evolucionar con el desarrollo
tecnológico.

En relación a permitir la teleformación en los cursos CAP de formación continua, el Ministerio de Transporte no los contempló en el borrador del RD (publicado hace más de un año) y se mantiene silente sobre su intención final, a pesar de las insistentes consultas y acciones a favor del e-CAP realizadas desde las asociaciones y empresas más representativas del sector y el Defensor del Pueblo. Destacan las últimas iniciativas parlamentarias que se ha traducido en la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno a introducir las 12 horas de formación telemática en el CAP de formación continua, previstas en la Directiva 2018/645, y en preguntas al Gobierno en la última comparecencia del 2020 ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados.

AT Academia del Transportista denuncia que los perjuicios que están causando la negligente tramitación legislativa de la Directiva Europea no sólo afecta a los ordenes económicos, sociales y culturales de los conductores y las empresas de transportes sino que les pone en un inaceptable riesgo personal y familiar 1 frente a la pandemia de la COVID-19 que estamos viviendo. Obligar a los conductores a realizar una formación presencial como único medio para obtener o renovar el CAP (obligatorio para su desempeño profesional) supone para los conductores y sus docentes asumir un peligro fácilmente evitable si el Gobierno asumiera sus deberes legislativos europeos en tiempo y forma reglamentados. Además, estando viviendo la virulencia de la tercera oleada de contagio por COVID-19, que supone restricciones de movilidad y aforo que hacen imposible la asistencia a las aulas y que motivan que se estén creando listas de espera que serán inasumibles para los
centros de formación, que limitarán las opciones de empleo y de desempeño profesional para los conductores y que supondrán un auténtico caos para el sector del Transporte.

Para más información:
Francisco Paz
Director de RRII de AT
Tel. 629 653 845
francisco@academiadeltransportista.com

 

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