El Defensor del Pueblo solicita que no se obligue a pasar dos ITV casi seguidas a los transportistas

Fernández Marugán pide que la validez de la inspección sea a partir de la fecha en que se pasó.

El Defensor del Pueblo se ha posicionado del lado de los transportistas en sus quejas contra Industria por el modo en que se han articulado las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) por el estado de alarma, según apunta Larazon.es. La institución que dirige Francisco Fernández Marugán ha recomendado a la Secretaría General de Industria que el plazo de validez de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) se contabilice a partir de la inspección realizada, sin descontar el periodo de prórroga que se concedió por el estado de alarma. La Administración estableció una prórroga para la validez de los certificados de ITV durante el estado de alarma, que conllevó el cierre de las estaciones donde se pasa la ITV, y restablecido el servicio, determinó que al plazo de validez de las inspecciones se le descontaría el periodo de prórroga, ha recordado el defensor del pueblo este lunes en una nota.

Asociaciones y particulares han remitido quejas a la institución del Defensor del Pueblo en las que muestran su disconformidad con esta actuación, pues con las condiciones que ha puesto la Administración, los vehículos de carga, tanto ligeros como pesados; obligados a pasar revisiones semestrales si tienen más de diez años de antigüedad, han sido obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un corto periodo de tiempo con los costes y cargas que supone para sus propietarios.

En sus alegaciones, la Secretaría General de Industria ha asegurado que no se imponen cargas adicionales, pues se va a hacer una inspección que debió realizarse y que quedó en suspenso, pero no se eliminó la obligación de hacerla. Además, Industria apunta que las medidas adoptadas permiten a las estaciones de ITV poder absorber el volumen de vehículos acumulados pendientes de inspección y garantizar la viabilidad de su actividad.

Vehículos en buen estado

Sin embargo, Fernández Marugán, en su recomendación, afirma que la finalidad de la ITV es asegurar que los vehículos estén en buenas condiciones de uso desde el punto de vista de la seguridad y considera que no existen “razones imperiosas de interés general” para recortar la vida legal de las inspecciones. Afirma que no comparte la afirmación de Industria, pues al descontar el periodo de prórroga, se acorta de manera “artificial” la duración de las ITV, obligando a los que tienen que pasarla a hacer la siguiente inspección antes de lo previsto. Recuerda que en el caso de los vehículos sujetos a revisión semestral tienen que pasar dos inspecciones con un intervalo de pocos días.

Fernández Marugán señala que una de las entidades que se ha dirigido a la institución del Defensor del Pueblo por este asunto denuncia que con estas medidas la Administración quiere favorecer la recuperación económica de las estaciones de ITV, afectadas, al igual que muchos otros sectores, por el cierre de su actividad como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus. El Defensor del Pueblo considera que este objetivo puede conseguirse por otras vías, sin imponer cargas a los particulares

 

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