Dos empresarios condenados por defraudar casi 800.000 euros a Arcelor Mittal

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Dos empresarios y tres clasificadores de la planta de Arcelor Mittal en Zaragoza han sido condenado a dos años de prisión por el fraude de chatarra a la multinacional. Además, la Audiencia de Zaragoza ha condenado a nueve meses de cárcel a un transportista como cooperador. Los magistrados cifran el perjuicio en 796.990,93 euros.

 

Zaragoza.- La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a dos años de prisión a los empresarios Salvador C. (Reciclarte) y José María G. (Reciclados y Demoliciones San Juan) por el fraude de chatarra en la planta zaragozana de Arcelor Mittal.

El tribunal condena a la misma pena y por el mismo delito (estafa continuada) a los clasificadores de la multinacional Francisco Javier B., José Luis O. y Juan Carlos A., e impone nueve meses de prisión al transportista Félix M. como cómplice. Los tres primeros tendrán que pagar además una multa de 1.920 euros y el transportista otra de 1.440 euros.

 

La millonaria estafa que denunció Arcelor Mittal -casi diez millones de euros- ha quedado reducida a 796.990,93 euros, de los que ahora tendrán que responder los seis condenados. Es el perjuicio que, según la sentencia, causaron los seis condenados al mezclar chatarra con materiales estériles.

 

Por otra parte, los magistrados de la Sección Tercera han absuelto a los encargados de las grúas y maquinistas Germán G., Alberto P., David V., José Miguel P. y Julián H., al empresario José Cruz D. y a la administrativa María del Carmen M..

 

Según considera probado la sentencia, que se puede recurrir, los responsables de Reciclarte y Demoliciones San Juan enviaban sus cargas con estériles y los tres clasificadores condenados aplicaban un descuento inferior a la cantidad que realmente se mezclaba con la chatarra. Los seleccionadores recibían por esa maniobra cantidades de dinero periódicas. El primero lo hacía personalmente mientras que el segundo lo hacía con sobres que entregaba al transportista que ha resultado cómplice.

Los clasificadores pagaban a los gruístas, pero la Audiencia de Zaragoza entiende que eran «propinas» y que estos desconocían las maniobras descritas anteriormente.

 

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