Arrestado un transportista por explotación de camioneros, impago de salarios y malas condiciones laborales

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300 camiones, con conductores rumanos y eslovacos, confiscados por los fiscales, en Bélgica. Los conductores rumanos se quejan de que trabajan de 15 a 16 horas al día, que duerman en las cabinas o barracones insalubres y que se lavan donde pueden, y cuando se trata de dinero, ¡el dueño finge no saber el idioma!

Los fiscales ya incautaron 19 vehículos, según informa  Soferidinromania.ro y persiguen a los conductores de una empresa acusada de fraude y dumping social, con el fin de bloquear el resto de camiones.

La fiscalía belga emitió una orden de confiscación de 300 camiones TIR pertenecientes  al grupo de transporte Jost Group.  Ya se incautaron 19 camiones y la empresa impugnó la decisión de los fiscales en los tribunales.

La mayoría de las acusaciones parten de este hecho, de la explotación humana y del impago de salarios.

Su decisión se produce en el contexto de una extensa investigación dirigida a la empresa belga-luxemburguesa, escribe nieuwsbladtransport.nl. La empresa está acusada de dumping social, ya que solo ha empleado a conductores rumanos y eslovacos que trabajan en Bélgica, pero se les paga de acuerdo con la escala salarial en sus países de origen.

 

Incluso el hombre más importante de la empresa, el director general Roland Jost, está acusado de estar detrás del plan de fraude.

Los camiones confiscados están registrados en Rumanía y Eslovaquia, pero solo tienen carreras en Bélgica. Roland Jost ha negado permanentemente todas las acusaciones.

¡La misma empresa también tuvo un escándalo de dumping social y explotación de conductores rumanos!

Roland Jost, el propietario del Grupo Jost, fue arrestado por las autoridades después de varios registros en Rumania, Bélgica y Luxemburgo.

Dos personas más fueron arrestadas junto con él y otro acusado está siendo juzgado en libertad.

La ley europea dice que los trabajadores europeos deben ser pagados de acuerdo con las reglas del país en el que trabajan, incluso si están empleados en otro estado de la UE.

Los fiscales acusan a los cuatro imputados de contratar camioneros de Europa del Este, especialmente de Rumanía, a quienes pagaban con salarios en sus países de origen. La mayoría de las acusaciones parten de este hecho.

Parece que a los empleados no se les pagó a tiempo. Las autoridades dicen que el daño resultante de la falta de pago de unos 1.100 empleados y la falta de pago de impuestos a las autoridades fiscales belgas asciende a más de 55 millones de euros.

Tal práctica no está aislada en Europa, pero las autoridades belgas parecen tener un grado diferente de tolerancia cuando se trata de respetar la ley y los derechos de los empleados.

 

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