Monthly Archives: mayo 2017

El primer ‘megacamión’ llega a Cantabria con Maderas José Sáiz

La Orden PRE/2788/2015, que recoge la inclusión de los conjuntos de vehículos de hasta 25,25 metros de longitud y 60 toneladas de masa máxima autorizada, ya forma parte del BOE y entró en vigor el 24 de diciembre de 2015.

El vehículo de 25,25 metros y carga para 60 toneladas cuenta con chasis Lecitrailer, el conjunto es capaz de transportar 140 metros cúbicos de carga útil. Ambos semirremolques cuentan con sistema de piso movil Walking Floor con tablas de impacto.

Se estima que la implantación de los megatrucks en España puede reducir en al menos un 22 % los costes por tonelada/km, de manera que la proyección a 15 años indica un beneficio de aproximadamente 10.000 millones de euros.

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Este fin de semana la Marca Granalu lo expone en la Feria de Cuéllar, la empresa Maderas José Sáiz,está dedicada a la actividad forestal e industrial de la madera, en su primera y segunda transformación, desde hace más de 40 años.

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Maderas José Sáiz S.L. dispone en la actualidad de instalaciones adaptadas para realizar todo el proceso de primera y segunda transformación de la madera y para ello cuenta con más de 250.000 m2, entre las instalaciones de España y Francia, perfectamente urbanizados y preparados para desarrollar toda la actividad.

El movimiento forestal entre las distintas variedades es superior a los 600.000 m3 de madera, de los cuales más de 400.000 m3 están dedicados al consumo propio, y el resto se dedica a la venta a otros aserraderos papeleras, y fábricas de tablero.

 

Fuente: Ifomopress.com

Condena a una empresa de Transporte al repartirse beneficios mientras recortaba sueldos

La Audiencia Nacional obliga a una empresa de reparto a indemnizar a sus trabajadores: sindicatos y empresa pactaron una bajada de sueldo a cambio de no repartir beneficios, y la empresa repartió 300.000 euros sacados de esas reservas

Cuando los trabajadores de ‘Sistema a Domicilio SD 2000’, una empresa de reparto radicada en Vizcaya, firmaron su convenio colectivo en 2014, acordaron bajarse un 5% los salarios a cambio de que la empresa no repartiese beneficios entre sus socios. Con el tiempo, descubrieron que lo habían hecho, y habían repartido 300.000 euros salidos del fondo de reservas voluntarias donde había ido a parar el ahorro de la empresa. Ahora ha sido la Audiencia Nacional la que obliga a la empresa a indemnizar los trabajadores por esta “actuación empresarial abusiva”.

Según denunciaron los sindicatos, y según declara probado ahora la sala de lo social de la Audiencia Nacional, ese 5% del salario de los trabajadores se convirtió en una fuente de ahorro para la empresa junto con parte de sus beneficios, éstos últimos en la cuenta de reservas voluntarias. Fue en 2015 cuando, según la Justicia, la empresa repartió 300.000 euros sorteando la prohibición del convenio colectivo: el dinero no salió de los beneficios, sino de unas reservas voluntarias que habían engordado por encima de lo exigido legalmente.

La sala es contundente a la hora de censurar la actitud de la empresa: es una “actuación empresarial abusiva” y un “manifiesto abuso de derecho, que quebró injustificadamente” el acuerdo alcanzado en el convenio colectivo. Destaca que la empresa se dedicó a llevar todos sus resultados económicos a las reservas voluntarias “superando con creces las exigencias legales” cuya finalidad no era otra que “su reparto entre los socios en una cifra muy relevante, con la clara intención de eludir el compromiso alcanzado”.
Los jueces entienden que la empresa debe indemnizar a los trabajadores: “El sacrificio salarial aceptado por los trabajadores se vería burlado frontalmente si admitiéramos un reparto de dividendos”, explican en su sentencia, recurrible ante el Tribunal Supremo.

Convenio recurrido
La sentencia también revela la conflictividad laboral en estos momentos en la empresa: en las últimas semanas, la Audiencia Nacional también ha tumbado algunos puntos del nuevo convenio colectivo, sentencia que también tendrá que ser declarada firme por parte del Tribunal Supremo.
La vigencia del nuevo convenio, que recogía una bajada salarial del 7%, también ha influido a la hora de cuantificar la indemnización que la empresa debe pagar a sus trabajadores: finalmente, la sala deja la ejecución en devolver a los trabajadores el 5% de su sueldo entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016.

Emilio Cardero es secretario federal del sector de carretera del sindicato UGT, el mayoritario en la representación de los trabajadores de la empresa condenada.

 

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Fomento se alía con la Seguridad Social para destapar irregularidades en la contratación de conductores

La Consejería prioriza el control sobre las plataformas digitales de servicios de transporte de viajeros en turismos particulares

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente se alía con la Tesorería de la Seguridad Social para detectar con más eficacia situaciones irregulares en la contratación de conductores por empresas de transporte. Esta iniciativa forma parte del Plan de Inspección para el sector este año en el que la tecnología gana terreno para avanzar en la lucha contra la economía sumergida, la competencia desleal y las prácticas fraudulentas que distorsionan los precios.

El departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones se marca como objetivo para este año incrementar la “calidad y eficacia” de la inspección de transportes, que aspira a ser “reeducadora” frente a conductas que distorsionan el mercado y malas prácticas, que además de consecuencias económicas sobre la libre competencia, que perjudican a las empresas que cumplen la normativa, reducen la confianza de los usuarios y suponen una amenaza a la seguridad vial.

Una de las novedades de este año 2017, que marcará un antes y un después en la relación del sector del transporte con la administración, será la conexión telemática con la Tesorería General de la Seguridad Social, un proceso que se cierra en este ejercicio, tras llevar a cabo acciones técnicas y de coordinación, para facilitar el acceso a la modalidad de contratación de los conductores, con el objetivo de detectar situaciones irregulares en las empresas que recurren a personal para atender algunos servicios.

La nueva estrategia inspectora de Fomento para este ejercicio prevé la transmisión de los datos de las denuncias desde el lugar de comisión de la infracción a los órganos encargados de la tramitación del expediente. Este cambio se suma a la obligatoriedad de la relación electrónica con la administración, de forma que este tipo de notificaciones tendrán carácter “preferente”, lo que va a suponer un “cambio radical” para los transportistas.

Por otra parte, los servicios de inspección de la Consejería de Fomento, que volverán a actuar en colaboración con la Guardia Civil, contemplan como ‘dianas’ el control selectivo de los servicios de transporte de mercancías peligrosas y de viajeros, especialmente el de escolares y menores. También, incluye otro específico sobre las plataformas digitales de contratación de servicios de transporte de viajeros en turismos particulares.

En concreto, se controlarán los servicios que oferten aquellos conductores que más recurran a esta alternativa, para comprobar que se trata de un transporte en el que se comparten gastos, y no de un sistema “constante” y “regular”. Fomento aplica como valor de referencia el de indemnización por uso del vehículo particular de la Administración General del Estado, que está fijado actualmente en 0,19 euros por kilómetro recorrido. De lo contrario considerará que se trata de un transporte público discrecional de viajeros en turismos, esto es, en taxis.

Inspecciones

En cuanto a las inspecciones selectivas priorizarán este año el control de las tarjetas de conductor del tacógrafo, para evitar la obtención de duplicados en otros países de la Unión Europea no conectados a la red telemática de intercambio de información, Tachonet. También aumentarán los controles sobre los tractores que de forma irregular realicen servicios de transporte, en línea con la preocupación planteada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, y se reforzará la vigilancia sobre el sector de la madera, para revisar tanto la carga, como sus dimensiones.

Las actuaciones previstas incluyen la lectura de 110.018 jornadas de trabajo de conductores profesionales, mediante los tacógrafos analógicos y digitales, para revisar los tiempos máximos de conducción diarios, semanales y bisemanales, los descansos y las conducciones máximas ininterrumpidas. Además, se vigilará la manipulación de estos aparatos en controles de carretera mediante calculadoras HTC (TESTER).

De la misma forma, se realizarán controles ordinarios en carretera por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en los que además del boletín de denuncia, se cumplimentará el modelo específico de hoja de control establecido por la Unión Europea. Además, la Inspección de la Junta realizarán controles a las empresas de mercancías peligrosas de la Comunidad.

Respecto al transporte de escolares, el plan ideado por Fomento inspeccionará las 1.295 autorizaciones, concedidas hasta mediados de febrero, para verificar que cumplen aspectos de seguridad vial como los tiempos de conducción y descanso, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), los seguros, la antigüedad de los vehículos o el acompañante, entre otros. Los inspectores, en coordinación con la Guardia Civil, realizarán controles específicos trimestrales durante el curso con el objetivo de llegar a la totalidad de las rutas de cada provincia.

También, la Consejería elaborará cada trimestre un plan específico que alcanzará como un mínimo el 25 por ciento de las 460 rutas conjuntas de transporte público regular y especial de escolares.

Finalmente, sobre los servicios regulares a la demanda, se comprobará el funcionamiento en todas las provincias, así como su adecuación a las condiciones técnicas y jurídicas que se hayan autorizado. El personal de la Inspección de la Junta se encargará de estos controles, para los que tendrán acceso a la aplicación informática (Transladem) de reservas, con al menos, la revisión de 45 zonas a lo largo de 2017.

 

Fuente: Diariodesoria.es

Imponen 1.601 multas a vehículos de transporte por carretera por infringir la normativa

Entre las sanciones más habituales destacan las relacionadas con el incumplimiento de los
tiempos de conducción y descanso, los excesos de carga, el incorrecto uso del tacógrafo, la vulneración de las condiciones del transporte privado complementario o la realización de desplazamientos sin lautorización correspondiente.

 

La  Consejería de Fomento y Vivienda abrió en Huelva durante el año 2016 un total de 1.601 expedientes sancionadores a vehículos de transporte por carretera dedicados a la distribución de mercancías y al tránsito de viajeros por no cumplir la normativa. En toda Andalucía, estos procedimientos alcanzaron los 20.022 y entre las sanciones más habituales destacan las relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, los excesos de carga, el incorrecto uso del tacógrafo, la vulneración de las condiciones del transporte privado complementario o la realización de desplazamientos sin la autorización correspondiente. A lo largo de ese periodo, la Junta de Andalucía, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, ha llevado a cabo 34.558 inspecciones en el marco de las campañas de con­trol y vigilancia que se realizan anualmente.

 

La delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano, ha explicado que “a través de estos controles desde la Administración autonómica se garantiza que se cumplen las normas, realizando una labor preventiva encaminada a corregir los incumplimientos y prácticas desleales, lo que acaba redundando en seguridad vial para todos los usuarios de la red de carreteras”.

 

El marco normativo que vela por la prestación de este servicio en condiciones de seguridad vial es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en la que se recogen sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros, si las infracciones son leves, y los 4.001 euros, si son muy graves. De acuerdo con esa escala, 6.412 procedimientos tramita­dos han sido castigos leves, con multas de entre 100 y 400 euros; 7.694 expedientes han sido calificados como incumplimientos graves, con penas económicas que varían entre 401 y 1.000 euros; y 5.916 sanciones se han tipificado como muy graves, con penalizaciones de entre 1.001 y 4.001 euros.

 

Estas operaciones de control y vigilancia, además de conllevar multas económicas, también pueden derivar en la inmovilización de vehículos por parte de la Guardia Civil, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves con el fin de garantizar la seguridad vial en las carreteras, por ejemplo en el caso de excesos de carga o de tiempos. También persigue evitar la competencia desleal o el ejercicio de prácticas fraudulentas en el sector del transporte, cuando en las inspecciones que se realizan se detecta la ausencia de tarjetas y permisos pertinentes.

 

La labor de vigilancia llevada a cabo por el servicio de inspectores de la Junta de Andalucía, en coordinación con los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, se realiza durante todo el año a través de inspecciones en carretera, atendiendo a campañas específicas aprobadas en los Planes Coordinados de Inspección del Transporte de Andalucía que, con carácter cuatrimestral, aprueba la Consejería de Fomento y Vivienda.

 

En estos puntos de control, fijados simultáneamente para las ocho provincias, se supervisa la documentación que de forma obligatoria deben llevar los vehículos destinados al transporte de mercancías y viajeros; y se vela por el cumplimiento de la normativa vigente, prestando especial atención al ámbito de las mercancías peligrosas y perecederas o al transporte escolar y de menores. Igualmente, se vigila el cumplimiento de las condiciones esenciales de las concesiones en los servicios de transporte público regular permanente de viajeros y se ejerce un exhaustivo control sobre el transporte ilegal de viajeros en vehículos turismo.

 

Paralelamente a estas inspecciones en carretera, cada año la Junta de Andalucía realiza labores de supervisión en empresas de transporte de mercancías y de viajeros para garantizar el cumplimiento de la normativa.

 

Fuente: Huelva24.com